Sexta sesión
Miércoles 10 de junio de 2009, a las 14.30 horas
Presidentes: Sr. Allam, Sr. Palma Caicedo y Sr. Zellhoefer
Discurso pronunciado por TITO PALMA CAICEDO (Viceministro de Trabajo y Empleo,
Ecuador) en calidad de Vicepresidente de la 98° conferencia de la OIT
"POR UN MUNDO ÉTICO Y UNA GLOBALIZACION JUSTA"
Esta Conferencia Internacional
del Trabajo coincide con la mayor crisis económica, financiera y estructural de
un sistema capitalista salvaje, voraz y depredador, que asumió a ultranza el
«fin de la historia», satanizó al Estado y privilegió al mercado especulativo y
financiero, en detrimento de los factores tradicionales de la producción.
No cabe duda de que la humanidad
está pagando las consecuencias del comportamiento irresponsable de una elite
que planteó que la globalización era la panacea o el sendero natural y determinista
por el que deberíamos transitar todas las naciones del mundo; que no había
alternativas ante ella y que estábamos en la época del pensamiento único.
No importaba entonces la crisis,
sean éstas de México, Brasil, Ecuador, Tailandia o Rusia. Ni las malas noticias
en el frente ambiental: emisiones de gases que provocan el fenómeno
invernadero, deforestaciones y erosiones de suelos, sobreexplotación de
acuíferos y la extinción masiva de especies.
Es paradójico que, ahora, los
artífices de los otrora exitosos conglomerados bursátiles y calificadoras de
riesgo demanden la socialización de las pérdidas y aboguen por la protección de
un Estado que, hasta hace poco, les era
por demás incómodo, relegándolo a un papel de simple guardián en las relaciones
de la sociedad.
En la reciente reunión del
Movimiento de Países No Alineados, realizada en La Habana, el Ecuador expresó
que «esta
crisis es una oportunidad para profundizar los cambios que demandan nuestros pueblos».
Es nuestra oportunidad para
consolidar en el mundo entero los principios del desarrollo humano basados en
la sostenibilidad ambiental y en la democracia radical que inspiran el
socialismo del siglo XXI.
Los efectos de esta crisis son
más graves en los países en desarrollo como el Ecuador, cuyo aparato productivo
ha sido afectado por contracciones de las exportaciones, de las remesas y de
los flujos de inversión extranjera directa.
Estos factores adversos han
tenido una incidencia directa en el aumento del desempleo y del subempleo. Por
ello, preocupan aquellas voces que recomiendan a los países en desarrollo, como
salida de esta crisis, la adopción de medidas fracasadas de ajuste estructural,
que a todas luces precarizaron las condiciones de vida de los trabajadores y
ahondaron los niveles de inequidad y exclusión social de nuestros pueblos.
En contraste, para los países
desarrollados, estos mismos grupos sugieren medidas contracíclicas, paquetes
millonarios de salvataje y nacionalizaciones.
Asimismo, muchos países
desarrollados, que lograron durante años altas tasas de crecimiento económico,
en parte gracias al aporte de trabajadores migrantes, hoy adoptan medidas
contrarias a los más elementales derechos humanos al criminalizar un fenómeno
derivado justamente de esta globalización desigual y excluyente.
La inestabilidad política que
sufrió el Ecuador en las dos últimas décadas generó nueve presidentes en 15
años, causó un enorme debilitamiento de las instituciones básicas para el
desarrollo nacional y provocó la emigración de cerca del 10 por ciento de la
población económicamente activa, todo ello sumado a la permanente acusación de
corrupción de funcionarios públicos, con una dramática pérdida de credibilidad
de los partidos políticos tradicionales.
Cansados de tanta inestabilidad e
ingobernabilidad, el pueblo ecuatoriano, con una respuesta soberana,
abrumadoramente eligió al economista Rafael Correa Delgado como Presidente
Constitucional de la República, y con ello optó por la revolución ciudadana
que, inspirada en el ideal de Bolívar, Alfaro y otros patriotas, impulsa una
profunda transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas,
pilar de un nuevo modelo de desarrollo sustentable, basado en la justicia
social y la equidad, que construya la nueva sociedad: la sociedad del trabajo.
La nueva Constitución, que fue
aprobada por los dos tercios de los ecuatorianos, incluye novedosos y
progresistas avances en materia de derechos humanos, de los pueblos indígenas y
de la naturaleza, acceso de las grandes
mayorías a la toma de decisiones, fortalecimiento de los órganos de control y
lucha contra la corrupción, entre otros.
El Gobierno del Ecuador, en el
seno de la Asamblea Constituyente, promovió el Mandato Constituyente núm. 8,
que expulsó definitivamente de nuestra
legislación sustantiva los aberrantes mecanismos de tercerización extrema y la
intermediación laboral, la contratación por horas y cualquier forma de
precarización de las condiciones de trabajo, así como la penalización de la simulación y el fraude laboral.
La nueva Constitución que nos
rige constitucionalizó la esencia de este mandato y, además, recoge y ratifica
los derechos fundamentales del trabajo, como sindicalización, contratación
colectiva, eliminación y erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso,
el derecho de huelga, entre otros.
Uno de los pilares de esta
Organización es el diálogo social. El Gobierno ecuatoriano estima que sólo a
través de éste podremos encontrar soluciones sistémicas que permitan configurar
una globalización incluyente, justa y solidaria, en la que todos los actores
sociales trabajemos por un mundo ético, basado en valores y responsabilidad
social.
Ginebra 10 de jun de 2009
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